La Comisión Europea acaba de dar al Estado español una nueva (¿y última?) llamada de atención para que reduzca la morosidad de las administraciones públicas (véase, por ejemplo, la noticia de Expansión.com: http://www.expansion.com/2011/08/15/economia/1313440744.html). Lo cierto es que la Comisión Europea viene a enfatizar la importancia para el tejido empresarial (especialmente, para las PYME) de que las administraciones públicas cumplan con los plazos de pago previstos en la recientemente revisada Directiva 2011/7/UE, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (/howtocrackanut/2011/06/la-morosidad-de-las-administraciones.html).
Este recordatorio, y cualquier actuación que la Comisión Europea pueda adoptar en el futuro para asegurarse del cumplimiento de la Directiva de prevención de la morosidad (por parte de España y del resto de Estados miembros, especialmente los que atraviesan dificultades económicas y de financiación de la actividad pública) deben ser bienvenidos, sobre todo si sirven para reducir el número de empresas con dificultades financieras y, por tanto, contribuyen a mantener el tejido empresarial y el empleo en sectores especialmente orientados al aprovisionamiento o prestación de servicios a las administraciones públicas.
Adicionalmente, esta advertencia de la Comisión Europea (que hace prever la apertura de un procedimiento de infracción si el Estado español no reacciona a tiempo) debe tomarse con la mayor seriedad y debe incluirse, de manera ineludible y con un alto grado de prioridad, en los programas electorales de los partidos políticos (ya en elaboración, esperemos). No puede dejar de tenerse en cuenta que cualquier "ventaja" o "ahorro" que pueda buscarse en el diferimiento del pago de facturas de proveedores por parte de las administraciones (un recurso fácil, sin duda, para paliar sus dificultades de tesorería) puede resultar muy caro, especialmente si el posible procedimiento de infracción termina con la imposición de sanciones al Estado español por incumplimiento de la normativa comunitaria.
Por tanto, el diseño e implementación de un plan realista pero efectivo de reducción de los plazos de pago de las administraciones públicas ha adquirido una enorme urgencia (y tiene una importancia difícil de exagerar). Quizá pueda considerarse un buen elemento para medir la capacidad de gestión de los aspirantes a gobernar el país en los próximos años, en los que situaciones parecidas estarán, desafortunadamente, al orden del día. Ha llegado el momento de las propuestas concretas, y esta no puede dejar de ser una de ellas. El tiempo corre ...
