Supongo que siempre es más fácil opinar sobre cómo se debería cambiar algo cuando se está fuera del sistema y, dado que desde el próximo mes formaré parte de la academia británica, entiendo que se puedan criticar las siguientes propuestas (impopulares) por ser un simple desahogo de alguien que se va a otros pastos a buscar hierba más verde. En todo caso, creo que hay unas cuantas medidas que, en mi opinión, la Comisión de Expertos para la reforma del sistema universitario español (nombrada hace una semana, y esperemos que ya manos a la obra: http://www.expansion.com/2012/04/13/entorno/1334321350.html) debería tener en cuenta si quiere hacer una propuesta valiente y efectiva de reforma universitaria.
En primer lugar, es impostergable la profesionalización de la gestión universitaria. Las universidades son empresas de servicios que requieren una gestión compleja, especialmente desde la perspectiva de los recursos humanos y de la transferencia de tecnología, y ya es hora de que sean gestionadas por profesionales de la administración y dirección de empresas, y no por catedráticos de cualquier rama del saber--que pueden ser tan brillantes en su ámbito de conocimiento, como incapaces para la gestión empresarial, salvo excepciones tan notables como extrañas. Hay que excluir la gestión de la tríada imposible de académico investigador-docente-gestor. La gestión requiere otras competencias, otra dedicación, y otras habilidades. Si esto no se entiende, la universidad seguirá estando tan mal gestionada como limitada en su potencial investigador y docente, particularmente bajo el marco de Bolonia, en el que se nos debería caer la cara de vergüenza al reconocer que la investigación se hace en los fines de semana o vacaciones, porque entre la docencia y la gestión, no tenemos tiempo para nada.
En segundo lugar, creo que hay que suprimir el carácter funcionarial del profesorado universitario y del personal investigador (para qué hablar del personal de administración y servicios) y los nombramientos vitalicios--y adoptar un sistema de contrato indefinido basado en rendimiento científico-académico sobre la base de planes trienales y quinquenales de investigación. Igual que se progresa conforme al criterio del mérito y capacidad, el sistema debe prever mecanismos de descenso cuando los méritos quedan obsoletos y caducos. Como se hizo en otros países de nuestro entorno hace tiempo, todas las plazas (todas, de todos los niveles) deberían sacarse a competencia dentro de 3 o 5 años. La idea sería fijar ahora los criterios de producción en términos de investigación y docencia que quienes las ocupan actualmente deberían satisfacer para mantenerlas o, en caso contrario, afrontar una competencia con cualquier candidato mejor preparado o con una mayor productividad en los últimos 3 o 5 años. Hay que abandonar un modelo que premia el esfuerzo (a veces desmedido) hasta alcanzar la titularidad o cátedra y luego permite sin consecuencias el abandono absoluto de la investigación o el mantenimiento de un nivel de actividad claramente insuficiente.
En tercer lugar, hay que desarrollar un criterio de evaluación de la investigación capaz de medir su relevancia (social) y su calidad mediante mecanismos efectivos de revisión y evaluación ciega y por revisión de pares. Basta ya de controlar las publicaciones por filias y fobias, o de poder "autoeditar" tu libro siempre que puedas pagar unos miles de Euros a la editorial jurídica de turno (con cargo a un proyecto de investigación a poder ser, claro).
En cuarto lugar, hay que establecer un criterio claro de control de la presencialidad y de cumplimiento real de las dedicaciones de los profesores e investigadores. No es necesario que se esté siempre en los despachos, pero no es de recibo que no se esté nunca, y que sea imposible encontrar a un profesor o catedrático a lo largo de semanas consecutivas, aunque uno acampe en la puerta de su despacho. De hecho, la investigación se hace en las bibliotecas y laboratorios (o desde casa) y hay que permitir la flexibilidad necesaria para garantizar tiempo de investigación de calidad en entornos más adecuados que una oficina (con teléfono, interrupciones, etc), pero eso no significa que sigamos permitiendo que nuestros catedráticos y profesores titulares sigan pasando la mayor parte de su tiempo (de dedicación) en despachos de abogados y empresas privadas, con incumplimientos tan flagrantes como impunes de los deberes contractuales derivados de la plaza que se ocupa. Hay que establecer un criterio claro y un mecanismo (flexible pero efectivo) de control para asegurarse de que quien lo merezca y se dedique a la universidad, tenga plaza y sitio en ella. Pero que, al mismo tiempo, quien ocupe una plaza desde la distancia, con duplicidad de remuneraciones y otros conflictos (como la participación en órganos académicos como la Comisión General de Codificiación del Ministerio de Justicia a la vez que se ejerce profesionalmente en los mismos ámbitos del Derecho), deje sitio a otros con mayor vocación universitaria y capacidad de participación en una institución desangrada y anémica por las ausencias y los despachos vacíos.
Por último, hay que abandonar el buenismo y el clientelismo en el diseño de los estudios y recuperar un nivel de exigencia que de valor añadido a las titulaciones y a la formación recibida por los estudiantes. Sólo recuperando el prestigio intelectual de la universidad podremos sacarla del abismo al que se precipita. Es elitista, por supuesto. Pero el conocimiento lo es en sí mismo. Lo que no se puede permitir es que ese elitismo sea económico, sino estrictamente meritocrático. En este sentido, la revisión de las tasas universitarias anunciada ayer es muy preocupante si no va (y no parece que vaya a ir) acompañada de un rediseño profundo de los sistemas de becas y ayudas al estudio que permitan a nuestros ciudadanos más brillantes, con independencia de su extracción social y nivel económico, acceder a la universidad en condiciones favorables. De lo contrario, seguiremos en un entorno en que lo mejor que podríamos hacer es cerrar las universidades del todo, y enviar a nuestros jóvenes a estudiar al extranjero. Desde un punto de vista macroeconómico, la teoría de la ventaja competitiva lo recomendaría sin duda, al menos para la mayor parte de nuestras facultades (especialmente las de humanidades).
Evidentemente, la anterior no es una lista exhaustiva, ni asegura que académicos jóvenes como yo tengamos necesariamente encaje en el sistema universitario español pese a la reforma en ciernes (quizá nuestra marcha sea incluso positiva para el sistema), pero creo que son medidas que contribuirían a un cambio real de la universidad española.
