Lack of an EU administrative #appeal does not broaden #GC and #CJEU review powers in #publicprocurement
The fact that the legislature did not establish an administrative appeal procedure, in the context of the procedure for the award of public contracts by the institutions of the European Union, cannot have any effect on the scope of the review carried out by the Courts of the European Union [which must be limited to checking that the rules governing the procedure and statement of reasons are complied with, the facts are correct and there is no manifest error of assessment or misuse of powers]. The existence or absence of such an appeal procedure is irrelevant to defining the scope of the Court’s review, since that review is different – both in its nature and the safeguards it presents – from an administrative appeal procedure (T-32/08 at 30).
Stock manipulation via twitter: The new frontier of securities regulation?
(c) dissemination of information through the media, including the Internet, or by any other means, which gives, or is likely to give, false or misleading signals as to financial instruments, including the dissemination of rumours and false or misleading news, where the person who made the dissemination knew, or ought to have known, that the information was false or misleading.
La multa de la @CNCompetencia a #Correos y sus implicaciones en #contrataciónpública: ¿está todo dicho?
gracias a los privilegios de los que dispone Correos, que ha disfrutado tradicionalmente de un monopolio legal en buena parte del mercado y que tiene en la actualidad la condición de operador designado del Servicio Postal Universal (SPU), resulta evidente que Correos dispone de una posición de dominio, tanto en el mercado mayorista de acceso a la red postal de Correos, donde tiene una cuota del 100%, como en el mercado minorista de prestación de servicios postales de notificaciones administrativas.
la negativa de Correos a proporcionar servicios mayoristas de notificaciones administrativas supondría una barrera infranqueable a la entrada de otros operadores en la prestación de servicios de notificaciones administrativas a las Administraciones Públicas que exigen tal presunción en la contratación de sus servicios postales.
conviene recordar que, como ya ha señalado algún sector de la doctrina, la regulación de los contratos públicos ha dejado de poner el acento en la contemplación del interés público como elemento condicionante de la regulación de los contratos públicos para pasar a ponerlo en el cumplimiento de determinados principios entre los que destaca la garantía de la libre de concurrencia. Ello, que aparece consagrado en nuestro TRLCSP de modo expreso en los artículos 1 y 139, tiene su origen en las diferentes Directivas comunitarias, y, en lo que respecta al momento actual, en la Directiva 2004/18/CE del Consejo y el Parlamento Europeo. Pues bien, partiendo de la idea básica de que la regulación de los contratos públicos, ante todo debe garantizar la libre concurrencia de las empresas, tanto la Directiva como, en consecuencia, el TRLCSP, admiten la posibilidad de exigencia de títulos habilitantes para el ejercicio de actividades y que éstos sean requisito para poder contratar con un poder adjudicador. Pero este requisito, en la medida en que constituye una limitación al principio de libre concurrencia, así como al principio de igualdad de trato, debe ser interpretado de forma restrictiva. En consecuencia, la atribución a un único operador, en este caso Correos, de la posibilidad de realizar notificaciones administrativas debe ser interpretado de tal forma que la exigencia se ajuste al sentido literal de la norma que la establece. A tal respecto, de acuerdo con los preceptos de la Ley 43/2010 antes descritos, no puede entenderse que Correos sea el único operador postal que pueda realizar las notificaciones administrativas, sin perjuicio de las consideraciones que posteriormente realizaremos sobre la posibilidad de subcontratación del servicio, y que abundan en la necesidad de anular las cláusulas de los pliegos aquí impugnadas (FD 7º, énfasis añadido).
Es cierto que la Ley 43/2010 reconoce al operador dominante la facultad de presunción de veracidad y fehaciencia en la distribución, entrega y recepción o rehúse o imposibilidad de entrega de notificaciones de órganos administrativos y judiciales, tanto las realizadas por medios físicos, como telemáticos, y sin perjuicio de la aplicación, a los distintos supuestos de notificación, de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Sin embargo, las notificaciones practicadas por los demás operadores postales surtirán efecto de acuerdo con las normas de derecho común, y se practicarán de conformidad con el artículo 59 de la citada Ley procedimental administrativa.Esto significa que, como consecuencia de dicho proceso liberalizador y de la apertura general del mercado a los operadores postales, y por tanto a la competencia, los operadores postales con autorización singular para la prestación del servicio postal universal, así como el operador postal designado a tal efecto, podrán practicar notificaciones de órganos administrativos y judiciales. En este sentido, y en virtud del artículo 22 de la Ley 43/2010, los operadores postales podrán prestar libremente dicho servicio, ya sea directamente, ya sea a través del operador postal designado, ya sea a través de otros operadores.La diferencia en el actuar de los prestadores de servicios postales se encuentra en los efectos jurídicos atribuidos por la Ley a las notificaciones administrativas realizadas por los diferentes operadores postales. Por un lado, la actuación de notificación llevada a cabo por [Correos] ostentará por ley la presunción de veracidad y fehaciencia, en lo que respecta a la distribución, entrega y recepción o rehúse o imposibilidad de entrega de las notificaciones. Sin embargo, la actuación de notificación de órganos administrativos o judiciales llevada a cabo por el resto de operadores postales con autorización singular, tendrá efectos jurídicos de acuerdo con las normas de derecho privado, y en este sentido su realización carecerá de presunción de fehaciencia, debiéndose probar en el caso de ser cuestionado, por elementos probatorios de derecho privado.Por lo expuesto, la previsión recurrida vulnera el artículo 22 de la Ley 43/2010, al obligar a los operadores postales adjudicatarios a realizar las notificaciones administrativas a través [de Correos], dado que impiden y penalizan que dichas notificaciones las realicen los operadores postales autorizados a través de sus propios medios, utilizando los mecanismos jurídicos pertinentes en orden a poder probar la realización de los diferentes actos hasta llegar a la notificación. Igualmente quedan vulnerados los artículos 2 y 37 de dicha Ley 43/2010, al desarrollarse la prestación del servicio postal en ausencia de libre competencia, dado que se impide que operadores distintos [de Correos] lleven a cabo ese tipo de notificaciones por sí mismos, haciendo uso de los mecanismos jurídicos que permitan acreditar frente a terceros su realización (FD 8º, énfasis añadido).
#CJEU confirms that #IPlaw violations belong to the sphere of the outstanding contractual relationship (Systran, C-103/11-P)
63 [...] when hearing an action for compensation, the Community Courts must, before ruling on the substance of the dispute, as a preliminary issue determine their jurisdiction by carrying out an analysis to establish the character of the liability invoked and thus the very nature of the dispute in question.64 In doing that, those Courts cannot base their reasoning simply on the rules alleged by the parties.65 In that regard, [...] the Court of Justice has already held that the mere invocation of legal rules not flowing from a contract relevant in the case, but which are binding on the parties, cannot have the consequence of altering the contractual nature of the dispute and thus removing it from the jurisdiction of the competent court. If it were otherwise, the nature of the dispute and, consequently, the competent court, could be changed at the whim of the rules invoked by the parties, which would go against the rules on the jurisdiction of the various courts ratione materiae (Guigard v Commission, paragraph 43).66 However, the Community Courts are required to verify whether the action for compensation before them has as its subject-matter a claim for damages based objectively and overall on rights and obligations of a contractual nature or of a non-contractual nature. For those purposes, as the Advocate General has pointed out in points 49 and 50 of his Opinion, those Courts must examine, on an analysis of the various matters in the file, such as, for example, the rule of law allegedly infringed, the nature of the damage claimed, the conduct complained of and the legal relations between the parties in question, whether there exists between them a genuine contractual context, linked to the subject-matter of the dispute, the in-depth examination of which proves to be indispensable for the resolution of the said action.67 If a preliminary analysis of those matters shows that it is necessary to interpret the content of one or more contracts concluded between the parties in question in order to establish whether the applicant’s claims are well founded, those courts are required at that point to halt their examination of the dispute and declare that they have no jurisdiction to rule thereon in the absence of an arbitration clause in the said contracts. In such circumstances, examination of the action for compensation directed against the Community would imply the assessment of rights and obligations of a contractual nature which, pursuant to Article 240 EC, cannot be removed from the jurisdiction of the national courts (C-103/11-P, paras 63 to 67, emphasis added).
It is true [...] that it is not sufficient to allege simply any contractual relationship with the applicant or obligations of contractual origin not envisaging the conduct in dispute in order to be able to change the nature of the dispute by giving it a contractual basis. However, the fact remains that where, having regard to the content of the action for compensation against the Community, the interpretation of one or more contracts concluded between the parties in question appears to be indispensable in order to establish the legality or otherwise of the conduct by the institutions which is complained of, the dispute falls outside the jurisdiction of the Community Courts (C-103/11-P, para 80, emphasis added).
Should it, however, in fact come to a conflict between the values of contract law and non-contractual liability law in any particular case, whereby contract law denies liability which would subsist according to the provisions on noncontractual liability, then it is for the rules of contract law to assert priority if that is to be claimed in accord with the objective of the contract law rules. That is again the case if an application of the law on non-contractual liability in parallel with the corresponding contract law provision would deprive the latter of its effect. The contract law rule has priority so far as contract law actually claims it, whether expressly or merely by implication from the nature of things. Where contract law makes no such demand for the subsidiarity of non-contractual liability law, sub-paragraph (c) has no application and the principle of free concurrence of actions governs.
Whatever is left of the #EUCouncil? #CJEU 'Pringle' and the 'single European patent' judgments set a moving target
El informe de la @CNCompetencia sobre el Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local #ALRASOAL
Soft Administrative #EULaw? Some comments on Temple Lang's views on #DGComp Manual of Procedure
The Manual does not deal with submissions made to other parts of the Commission. It says nothing about the need for impartiality, or the duty to respect the Charter of Fundamental Rights, or the need to expect judicial review of all decisions. It allows officials to hold meetings without keeping minutes. It says too little about interim measures, and does nothing to reduce the two basic flaws in the Commission's procedure: the same officials draft the statement of objections and the decision, and none of the Commissioners who formally take the decision have seen the evidence or read the arguments. There are several examples of failure to deal with difficult questions, which are precisely those on which guidance is needed.
Rejection of Abnormally Low and Non-Compliant Tenders in EU Public Procurement: A Comparative View on Selected Jurisdictions
- Sánchez Graells, Albert, Rejection of Abnormally Low and Non-Compliant Tenders in EU Public Procurement: A Comparative View on Selected Jurisdictions (April 11, 2013). European Procurement Law Series, Vol 6 (forth). http://ssrn.com/abstract=224859
Cheaters beware: GC enforces strict #suspension rules in EU #publicprocurement (T-87/11)
Without prejudice to the application of penalties laid down in the contract, candidates or tenderers and contractors who have made false declarations, have made substantial errors or committed irregularities or fraud, or have been found in serious breach of their contractual obligations may be excluded from all contracts and grants financed by the Community budget for a maximum of five years from the date on which the infringement is established as confirmed following an adversarial procedure with the contractor.That period may be extended to 10 years in the event of a repeated offence within five years of the date referred to in the first subparagraph (emphasis added).
the applicant has seriously failed to meet its contractual obligations. In addition, it should be recalled that the Court of Auditors, which is one of the institutions of the Union, is dedicated to examining the legality and regularity of revenue and expenditure of the Union and any organ or body created by the EU and to ensure their sound financial management (Article 287, second subparagraph, TFEU). Particularly in view of these missions and the severity of the deficiencies attributable to the applicant, it should be considered that the latter, by his conduct undermined the image of the Court of Auditors and the European Union (T-87/11, para 81, own translation from French).
If you fine me, I have the right to appeal ~ even if someone else foots the bill (C-652/11)
CJEU strengthens #EULaw on #food #information: more #disclosure in the #consumers' interest
35. In so far as a foodstuff is unacceptable for human consumption and accordingly unfit therefor, it does not fulfill the food safety requirements under Article 14(5) of Regulation No 178/2002, and is, in any event, such as to prejudice the interests of consumers, the protection of whom, as stated in Article 5 of that regulation, is one of the objectives of food law.36. It follows from the above that, where food, though not injurious to human health, does not comply with the aforementioned food safety requirements because it is unfit for human consumption, national authorities may, as provided under the second subparagraph of Article 17(2) of Regulation No 178/2002, inform the public thereof in accordance with the requirements of Article 7 of Regulation No 882/2004 (emphasis added).
#GAO reports that there is scope for more competition in #US Defense #procurement
Stubborn #publicprocurement #aggregation: #Madrid City Council insists in tendering macrocontracts
Last November, the City Council of Madrid tendered a single contract for waste collection. The contract was intended to aggregate and consolidate the prior 13 separate outstanding contracts, which would have given the awardee responsibility for waste collection throughout the municipality, with the only exception of the city centre (for some reason). The contract was worth €542 million and the Council expected to save €11 million in the 8 years it would last.
The tender was a massive failure. Current contractors opposed a contract consolidation strategy that would exclude most of them due to their limited size and waste processing capacity. There was a strike to protest a change of waste management strategy that trade unions anticipated would cut jobs. More generally, the financial structure of the contract was considered nonviable by experts. In fact, only the largest incumbent (FCC) submitted a bid, which was disqualified because it exceeded the maximum bidding price by 34%. The tender was declared deserted and prior contracts were extended.
The situation is very unsatisfactory, as contract extension is not without problems. Contractual conditions designed several years ago are no longer adjusted to reality. Waste collection is now bad business, as the economic crisis has generated a reduction of household waste (at least, that is environmentally encouraging) and that means reduced pay for waste collection companies, since they are paid by collected ton of waste. FCC itself has announced job cuts, which the Madrid City Council opposes on the basis that the number of employees is a contract compliance clause the contractor cannot breach, despite the contract having been extended beyond its original duration and the conditions having changed significantly (an scenario that actually may make judges side with the contractor if this issue got to court). Trade unions are again promoting a new strike to protest the situation, which will result in no waste collection in Madrid for an indefinite period starting on the 15th of April.
Cynically, we could say that Madrid city is facing a waste wave if the situation does not get sorted out soon. And the prospects are gloomy. According to today's press releases, the City Council has decided that, if you cannot solve a problem, better make it bigger.
The Council has stubbornly decided to go deeper and broader in its (failed) contractual consolidation strategy and to tender a single macrocontract to consolidate the 39 outstanding for all public service activities of cleaning and maintenance of public spaces and green areas of the capital. The new service would run for 8 years (with a possible extension for 2 more), and is valued at €2.3 billion. With this new formula, the Council expects savings of 10% of current cleaning and gardening costs (a rough equivalent of €256 million throughout the life of the contract without the extension). Does this sound familiar?
Interestingly enough, the largest players in the cleaning, gardening and maintenance business are the same as in the waste collection side. It do not think it will be anyone's surprise if we hear again that only one or a very limited few of them participate in this second macrocontract, or that they submit financial offers in excess of the (dreamy?) expectations of the Madrid City Council.
Now, the open question is why a city council of one of the largest capitals in the EU insists in a failed strategy for the tendering of local services of such relevance? Are there no better ideas available in their in-house group of experts? Are they so stubborn that they are trying to prove they were right in the prior instance by failing again?
Also, I think that the Madrid experience offers some lessons for other city councils facing similar challenges (ie, the need to find new management strategies for public services that allow them to reduce costs) and that are thinking about contract aggregation and consolidation. I think that the easier one is that you cannot aim to consolidate beyond the size your market structure can reasonably digest. The second one is that you cannot intend to award non-profitable contracts. And, the hardest one, that some creative thinking is needed. Would anyone publish a call for ideas? I would definitely be tempted to contribute.
Avoiding gold plating in the transposition of #EUlaw: A distinctive UK approach?
Becoming true #EUcitizens: The only way out of the #crisis (and beyond)?
Source: Standard Eurobarometer 78, December 2012, p. 16.
Source: Standard Eurobarometer 78, December 2012, p. 15.
How #publicprocurement rules seem to be diminishing #competition in #China: A wake up call
The principles of openness and transparency, fair competition, impartiality, and good faith are required to be observed in government procurement. China’s government procurement system provides general rules on competition, transparency, and fairness. However, the implementation of the rules is less than ideal. Insufficient disclosure of information, conflicts of interest, discriminatory treatment of enterprises, excessive prices, and poor quality purchasing have been frequently reported and raised the public’s concern in recent years. The newly released Blue Book of Rule of Law: Annual Report on China’s Rule of Law No. 11 (2013) provides an empirical report on the current state of government procurement.
Data and price comparison results revealed that certain government procured goods can be much more expensive than average market prices. An extreme example mentioned in the report was a desktop computer that was procured at a cost of CNY 98,730 when the average market price for a computer with the same specifications was CNY 2,649. [...] In the end, the prices of 19,020 items were compared. These goods covered 29 product categories such as uninterruptible power systems, laptops, dehumidifiers, printers, and fax machines. The results show that the prices of 15,190 items were higher than the average market prices and that taxpayers had paid an extra CNY 20,743,897.50. On the positive side, the price comparison results show that 68,025 items purchased through the centralised procurement of the Central Government had saved taxpayers CNY 5,543,185. The 68,025 items, covering desktops, workstations, and printers, were chosen from 85,963 records collected for the research.
the report notes that transparency is the foundation of fair competition, impartiality, and good faith. Transparency can effectively facilitate fair competition, deter corruption, and prevent China, the world’s largest procurement market, from turning into the world’s largest market for public corruption.
a substantial body of literature confirms that procurement rules can have a significant negative impact on competitive commercial markets. Procurement rules can, for example, raise new barriers to entry in the commercial marketplace, facilitate collusion in the commercial space, or artificially buoy commercial prices. Federal procurement regulators have not, as a regular matter, assessed those possible impacts in past rulemaking, but sound practice and legal authority, including an executive order, seem to call for such assessments. Assessing procurement rules’ likely impact on competitive markets would be in accord with best practices in rulemaking, and would help ensure that the federal procurement system integrates efficiently, and not disruptively, into the broader economy.
Not worth the paper it is written on? ~ AG on the expectations created by legal advice in #competition (C-681/11) #EULaw
Apparently, the members of the [cartel] wrongly considered that they had stayed ‘on the safe side’, as far as European Union law was concerned, by restricting the geographical scope of their cartel to Austria alone. In the light of the case-law of the European Union courts and the administrative practice of the European Commission, there is no doubt that that legal opinion was objectively incorrect. However, it is unclear whether the infringement of the prohibition of cartels under EU law can also be attributed subjectively to the undertakings concerned. In other words, it must be examined whether the undertakings participating in the [cartel] culpably infringed the prohibition of cartels under EU law (Opinion in C-681/11, at para 36, emphasis in the original, footnotes omitted).
44. According to the principle of nulla poena sine culpa, an undertaking may be held responsible for a cartel offence which it has committed on a purely objective basis only where that offence can also be attributed to it subjectively. If, on the other hand, the undertaking commits an error of law precluding liability, an infringement cannot be found against it nor can it form the basis for the imposition of penalties such as fines.45. It should be stressed that not every error of law is capable of precluding completely the liability of the undertaking participating in the cartel and thus the existence of a punishable infringement. Only where the error committed by the undertaking regarding the lawfulness of its market behaviour was unavoidable – sometimes also called an excusable error or an unobjectionable error – has the undertaking acted without fault and it cannot be held liable for the cartel offence in question.46. Such an unavoidable error of law would appear to occur only very rarely. It can be taken to exist only where the undertaking concerned took all possible and reasonable steps to avoid its alleged infringement of EU antitrust law.47. If the undertaking concerned could have avoided its error regarding the lawfulness of its market behaviour – as is often the case – by taking adequate precautions, it cannot escape any penalty for the cartel offence committed by it. Rather it will be liable at least for a negligent infringement, which, depending on the seriousness of the questions of competition law involved, may (but not must) lead to a reduced fine.48. It is necessary to assess whether the error of law committed by an undertaking participating in a cartel was avoidable or unavoidable (objectionable or non-objectionable) on the basis of uniform criteria laid down in EU law, so that uniform conditions in respect of EU substantive competition law apply to all undertakings operating in the internal market (‘level playing field’) (Opinion in C-681/11, at paras 44 to 48, bold emphasis in the original, underlined added, footnotes omitted).
57. [...] obtaining expert legal advice has a completely different importance in the system under Regulation No 1/2003 than was the case in the system under Regulation No 17. Consulting a legal adviser is now often the only way for undertakings to obtain detailed information about the legal situation under antitrust law.58. It is not acceptable, on the one hand, to encourage undertakings to obtain expert legal advice but, on the other, to attach absolutely no importance to that advice in assessing their fault in respect of an infringement of EU antitrust law. If an undertaking relies, in good faith, on – ultimately incorrect – advice provided by its legal adviser, this must have a bearing in cartel proceedings for the imposition of fines.59. In particular, the purely civil liability of a lawyer for incorrect legal advice given by him does not, contrary to the view taken by the European Commission, constitute adequate compensation in itself. Civil recourse by a client against his lawyer is generally subject to considerable uncertainty and, moreover, cannot dispel the condemnation (‘stigma’) associated with the imposition of cartel – i.e. quasi-criminal – penalties against the undertaking.60. Of course, obtaining legal advice cannot exempt an undertaking from all individual responsibility for its market behaviour and for any infringements of European competition law. The opinion of a lawyer can never give carte blanche. Otherwise, this would open the way to the production of opinions tailored to the interests of the undertaking and the power to give official negative clearance abolished by Regulation No 1/2003 would be transferred de facto to private legal advisers, who do not have any legitimacy in that regard.61. In accordance with the fundamental objective of the effective enforcement of European competition rules, any expectations on the part of an undertaking created by legal advice may be recognised as the basis for an error of law precluding liability only where, in obtaining that legal advice, certain minimum requirements were complied with, which I will describe briefly below.Minimum requirements in obtaining legal advice62. The basic condition for taking into consideration the legal advice obtained by an undertaking is that the undertaking relied in good faith on that advice. Protection of legitimate expectations and good faith are closely related. If the facts justify the assumption that the undertaking relied on a legal opinion against its better judgment or that the report was tailored to the interests of the undertaking, the legal advice given is irrelevant from the very outset in assessing fault for an infringement of the rules of European competition law.63. Furthermore, the following minimum requirements apply to obtaining legal advice, in respect of which the undertaking concerned itself bears the risk and responsibility for compliance.64. First of all, the advice must always be obtained from an independent external lawyer. [...]65. Second, the advice must be given by a specialist lawyer, which means that the lawyer must be specialised in competition law, including European antitrust law, and must also regularly work for clients in this field of law.66. Third, the legal advice must have been provided on the basis of a full and accurate description of the facts by the undertaking concerned. If an undertaking has given only incomplete or even false information to the lawyer consulted by it regarding circumstances which originate from the area of responsibility of the undertaking, the opinion of that lawyer cannot have an exculpating effect in cartel proceedings in relation to any error of law.67. Fourth, the opinion of the consulted lawyer must deal comprehensively with the European Commission’s administrative and decision-making practice and with the case-law of the European Union courts and give detailed comments on all legally relevant aspects of the case at issue. An element which is not expressly the subject-matter of the legal advice but may possibly be inferred implicitly from it cannot form the basis for recognition of an error of law precluding liability.68. Fifth, the legal advice given may not be manifestly incorrect. No undertaking may rely blindly on legal advice. Rather, any undertaking which consults a lawyer must at least review the plausibility of the information provided by him.69. Of course, the diligence expected of an undertaking in this regard depends on its size and its experience in competition matters. The larger the undertaking and the more experience it has with competition law, the more it is required to review the substance of the legal advice obtained, especially if it has its own legal department with relevant expertise.70. In any event, every undertaking must be aware that certain anti-competitive practices are, by their nature, prohibited, and in particular that no one is permitted to participate in ‘hardcore restrictions’, for example in price agreements or in agreements or measures to share or partition markets. Furthermore, large, experienced undertakings can be expected to have taken note of the relevant statements made by the European Commission in its notices and guidelines in the field of competition law.71. Sixth, the undertaking concerned acts at its own risk if the legal opinion obtained by it shows that the legal situation is unclear. In that case, the undertaking is at least negligent in accepting that by its market behaviour it infringes the rules of European competition law.72. Admittedly, in the light of the minimum requirements I have just proposed, the value of legal opinions given by lawyers is slightly diminished for the undertakings concerned. However, this is inherent in the system created by Regulation No 1/2003 and is also no different in conventional criminal law; in the final analysis, any undertaking is itself responsible for its market behaviour and bears the risk for infringements of the law it commits. Absolute legal certainty cannot be secured by obtaining legal advice from a lawyer. However, if all the abovementioned minimum requirements are satisfied, an error of law precluding liability can be taken to exist where the undertaking concerned has relied in good faith on an opinion from its legal adviser.73. It should be added that a lawyer who, by delivering opinions tailored to the interests of an undertaking, becomes an accomplice in the undertaking’s anti‑competitive practices will have to contend with not only consequences under the rules of civil law and of professional conduct, but may possibly also himself be subject to penalties imposed in cartel proceedings (Opinion in C-681/11, at paras 57 to 73, underlined added, footnotes omitted).
US GAO report on the use of small business and other preferences in the acquisition of goods
With a little help from my friends: AG Jääskinen supports flexible interpretation of rules on reliance on third party capabilities in #publicprocurement
31. This argument is further supported by analysis of the objectives of Articles 47(2) and 48(3) of Directive 2004/18. According to the Court, one of the primary objectives of the public procurement rules of the European Union is to attain the widest possible opening‑up to competition, and that it is the concern of European Union law to ensure the widest possible participation by tenderers in a call for tenders.32. The objective of widest possible opening‑up to competition is regarded not only from the interest in the free movement of goods and services, but also in regard to the interest of contracting authorities, who will thus have greater choice as to the most advantageous tender. Exclusion of tenderers based on the number of other entities participating in the execution of the contract such as allowing only one auxiliary undertaking per qualitative criteria category does not allow for a case by case evaluation, thus actually reducing the choices of the contracting authority and affecting effective competition.33. Another objective of the public procurement rules is to open up the public procurement market for all economic operators, regardless of their size. The inclusion of small and medium‑sized enterprises (SMEs) is especially to be encouraged as SMEs are considered to form the backbone of European Union economy. The chances of SMEs to participate in tendering procedures and to be awarded public works contracts are hindered, among other factors, by the size of the contracts. Because of this, the possibility for bidders to participate in groups relying on the capacities of auxiliary undertakings is particularly important in facilitating the access to markets of SMEs. (AG in C-94/12 at paras 31 to 33, emphasis added).